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Rebelión en el sector de la ingeniería contra las licitaciones de Ineco

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El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos EL MUNDO

Siete patronales frenan un concurso del grupo público y ultiman una denuncia ante la CNMC

El sector de la ingeniería ha lanzado una ofensiva conjunta contra Ineco para denunciar la «asfixiante jibarización» que sufren por la captura del mercado de inversión pública por parte de la compañía estatal. Siete patronales regionales que aglutinan a más de 200 compañías han decidido rebelarse a través de un doble frente contra el actual modelo de encargos por parte de Fomento a Ineco: tumbar el último concurso lanzado por la empresa pública para contratar servicios de proyectos y cálculo de estructuras de obra civil en el sector privado y, en segundo lugar, denunciar la falta de competencia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La primera medida ha sido la interposición de un recurso de alzada en la Secretaría General Técnica de Fomento para tumbar el Acuerdo Marco convocado por Ineco para contratar servicios de ingeniería por 1,3 millones de euros, prorrogable a dos años.

Las compañías aseguran que las bases utilizadas por el grupo público no se ajustan a las condiciones marcadas por la nueva Ley de Contratos del Sector Público al primar la oferta económica sobre la técnica, cuando al tratarse de un servicio de carácter «intelectual» en este caso la parte técnica debería ser más importante que la económica.

El Ministerio de Fomento ha solicitado a Ineco un informe sobre la licitación y dispone hasta el final de mes para pronunciarse sobre la disputa. Por su parte, la empresa pública ya ha respondido al departamento que dirige José Luis Ábalos asegurando que Ineco no se considera una Administración Pública y por tanto se somete a sus propias normas de contratación, que en el momento de anunciar el concurso eran anteriores a la nueva Ley de Contratos Públicos. Los nuevos cambios entraron en vigor el día de 9 de julio tras exprimir la moratoria de cuatro meses concedida por la Ley a las empresas públicas para trasponer los cambios, y el Acuerdo Marco es del 3 de julio.

Además, Ineco asegura que las bases del concurso son especialmente estrictas a la hora de garantizar la «acreditada solvencia técnica» de las empresas aspirantes. En este sentido, el grupo público alega que la jurisprudencia actual no determina con exactitud qué servicios deben ostentar ese carácter «intelectual» que exige la Ley para que oferta económica pese menos que la técnica en la adjudicación. «Los trabajos objeto del Acuerdo Marco impugnados, no pueden ser considerados de carácter intelectual por el mero hecho de tratarse de trabajos de ingeniería, al no tener la naturaleza de las prestaciones licitadas, carácter innovador y originalidad», señala la empresa en su comunicado. No obstante, Ineco ha decidido suspender de oficio la licitación hasta que se resuelva el presente recurso.

Por otro lado, las asociaciones de ingeniería agrupadas -pertenecientes a las regiones de Andalucía, Cataluña, Galicia, Aragón, Castilla y León, Valencia y Extremadura- han mantenido ya contactos con la CNMC para denunciar los perjuicios sobre la competencia que tiene el actual modelo de encargos a Ineco utilizado por Fomento, para que luego sea la empresa pública quien subcontrate los servicios.

Estas organizaciones buscan blindar su postura con un informe jurídico encargado al estudio legal SdP. Este dictamen asegura que los encargos a medios propios utilizados por Fomento para suministrar trabajo a grupos públicos como Ineco deberían considerarse como una «excepcionalidad» al provocar una falta de competencia.

Según el documento que será remitido al regulador, este sistema ha permitido que la cifra de negocios de Ineco supere los 220 millones de euros en 2017, de los que sólo una cuarta parte provienen del sector exterior. Además del recurso a la CNMC, las patronales de ingeniería estudian denunciar el «exceso de utilización de medios propios» por parte de Fomento ante la nueva Autoridad Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación del sector público contemplada en la nueva Ley de Contratos.